Preguntas Frecuentes
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El inquilino tiene derecho a usar la vivienda de acuerdo con el contrato y a exigir reparaciones necesarias. También debe pagar el alquiler puntualmente y mantener la vivienda en buen estado.
La nueva ley establece límites al precio en zonas tensionadas, endurece los requisitos para desahucios y protege más a los inquilinos en situación de vulnerabilidad.
El proceso puede durar entre 6 meses y 2 años, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado y de si el inquilino presenta oposición.
Se recomienda negociar con el propietario una prórroga o fraccionamiento de pago. También se puede recurrir a ayudas públicas o asesoría legal para buscar alternativas.
En casos de familias vulnerables, el desahucio puede retrasarse y los servicios sociales pueden intervenir para ofrecer una solución alternativa.
Se puede solicitar un aplazamiento del pago, negociar con el propietario o acudir a programas de ayuda al alquiler ofrecidos por la administración.
Son áreas donde el coste de los alquileres ha subido de forma desproporcionada en comparación con los ingresos de los ciudadanos, y donde se aplican medidas de control de precios.
Se considera gran tenedor a quien posee más de 10 inmuebles o 5 en zonas tensionadas. Se les aplican restricciones adicionales para limitar el precio del alquiler.
Además del alquiler, los inquilinos pueden tener que pagar suministros (agua, luz, gas, internet), comunidad de propietarios, IBI si así se acuerda en el contrato y posibles reparaciones menores.
El inquilino puede oponerse al desahucio si hay errores en la demanda, si pertenece a un grupo vulnerable o si no se ha seguido el procedimiento legal correctamente.